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Situación
La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos,
arraigada en las desiguales relaciones de poder entre los hombres y las mujeres.
El alcance y prevalencia de la violencia contra las mujeres, difundida tanto en la
esfera pública como en la privada, reflejan el grado y persistencia de la
discriminación por motivos de género a que se enfrentan las mujeres, que
frecuentemente resulta agravada por otros sistemas de dominación.
La violencia de género se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo
y revela el alcance de la desigualdad, señalando la vinculación entre la realización
de los derechos de las mujeres y la eliminación de las disparidades de poder.
Por ello, la violencia contra las mujeres debe abordarse en el contexto de la
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia, la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres.
La violencia contra las mujeres no está limitada a una cultura, una región o
un país determinado o a ciertos grupos de mujeres dentro de una sociedad.
Las distintas manifestaciones de dicha violencia y la experiencia personal
de las mujeres que la sufren están influidas por numerosos factores. Las mujeres
y niñas indígenas son particularmente vulnerables, al igual que las mujeres
migrantes, las refugiadas o desplazadas, las mujeres que viven en comunidades
rurales o urbanas marginales, las indigentes, las recluidas en cárceles, las
mujeres con discapacidades, las mujeres de edad y las que viven en situaciones
de conflicto armado u ocupación, por lo que requieren atención específica.
Es preciso, por tanto, descubrir las interrelaciones entre la subordinación de
las mujeres y otras formas de subordinación social, cultural, económica y política.
La expresión violencia contra las mujeres se refiere a todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico.
Se establecen tres niveles: la violencia en la familia, como el maltrato intrafamiliar,
los abusos sexuales en el hogar, etc.; la violencia a nivel de la comunidad en general,
incluidas las violaciones, el acoso sexual, la trata de mujeres y la prostitución; y la
violencia física, sexual o psicológica, perpetrada o tolerada por el Estado.
Existen otros factores que agravan la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia:
la vergüenza de denunciar, la falta de acceso a información para hacerlo, la escasa asistencia
legal o protección jurídica e incluso la falta de leyes contra la violencia de género.
También la falta de medios educacionales para protegerse de la violencia y las imágenes
violentas de las mujeres en los medios de comunicación, en particular la pornografía,
son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia.
En las últimas décadas, la lucha contra la violencia de género se ha centrado en la
violencia familiar, en el esfuerzo de posicionar dicha violencia como un problema social.
Sin embargo, otras expresiones de la violencia contra las mujeres, como la trata internacional
de mujeres para el comercio sexual y la prostitución, son un problema urgente que es preciso
examinar, fortaleciendo la aplicación de la legislación internacional y la investigación para
profundizar en las causas y consecuencias de esta práctica que afecta a miles de niñas y
mujeres en el mundo.
La adopción de un enfoque que permita abordar la tarea de crear familias y sociedades
libres de la violencia pasa por reconocer los patrones de violencia que están arraigados
en las relaciones sociales y repensar estrategias para abordarla como un fenómeno que atañe
al conjunto de dicha sociedad, hombres y mujeres. En este sentido, si bien el Estado tiene
la mayor responsabilidad, el trabajo conjunto con la sociedad civil, en especial las
organizaciones de mujeres, es vital para el desarrollo de estrategias basadas en el
conocimiento y la experiencia que poseen dichas organizaciones para enfrentar el tema
de la violencia.
Las condiciones para la violencia contra las mujeres se originan en la interacción social,
por consiguiente, pueden ser modificadas si se dedican la voluntad política y los recursos
necesarios. No se podrá erradicar la violencia contra las mujeres si no existen el interés
político y el compromiso necesario para que esa tarea tenga carácter prioritario en los
niveles local, nacional, regional e internacional.
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