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Situación

Se estima que cerca del 90% de las víctimas de los conflictos armados en la actualidad son civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, en contraste con lo que sucedía hace un siglo, cuando el 90% de quienes perdían sus vidas era personal militar.

Aunque comunidades enteras sufren las consecuencias de los conflictos armados, las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas debido a la condición jurídica y social que va asociada a su sexo.

Muchas son las formas de violencia contra las mujeres en los conflictos armados: violaciones, asesinatos, esclavitud sexual, embarazo y esterilización forzados…. En muchas ocasiones se utilizan las violaciones sistemáticas de las mujeres como una táctica de guerra.

A pesar de esto, las mujeres no deben ser consideradas únicamente víctimas de guerra, ya que ellas asumen la función fundamental de garantizar la subsistencia de la familia en medio del caos y la destrucción, y participan activamente en el movimiento en favor de la paz en el seno de sus comunidades. Sin embargo, la ausencia de la mujer de la mesa de negociaciones sobre la paz es innegable.

Aunque las mujeres han desempeñado variadas funciones durante la guerra y en el establecimiento de la paz, especialmente como personal médico y administrativo y cada vez más como observadoras de elecciones, han quedado en gran medida al margen de las negociaciones oficiales y de los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la guerra y la paz.

Afortunadamente existe, no obstante, una comprensión cada vez mayor de la función de las mujeres en la solución de conflictos y de las aptitudes y habilidades concretas que aportan al proceso de adopción de decisiones.

La Plataforma de Acción insiste en la necesidad de promover la participación equitativa de las mujeres en la solución de los conflictos en los niveles más altos de adopción de decisiones y en que se tomen medidas orientadas a garantizar una justicia que tenga en cuenta las cuestiones de género y que aumente su participación en el mantenimiento y la consolidación de la paz, la adopción de decisiones con anterioridad y posterioridad a los conflictos y la prevención de dichos conflictos.

En los últimos años se han producido avances importantes a escala internacional en el tratamiento de los crímenes cometidos contra las mujeres en situaciones de conflicto armado. Los tratados y jurisdicciones internacionales han considerado explícitamente que la violencia sexual y la violación en situaciones de conflicto constituyen crímenes de guerra y se incluyen como crimen de lesa humanidad y genocidio.

El aumento de desplazamientos internos y de personas refugiadas es una de las consecuencias más graves y a más largo plazo de los conflictos armados. Su incremento en los últimos años debido a las nuevas formas de conflicto, han generado que más del 75% de las personas desplazadas sean mujeres, niños y niñas, cifras que en algunas poblaciones alcanzan el 90%. Las refugiadas siguen siendo vulnerables a la violencia y la explotación cuando huyen, así como en los países de asilo y durante la repatriación.

Muchas organizaciones no gubernamentales de mujeres han pedido que se reduzcan los gastos militares en todo el mundo, así como el comercio, el tráfico y la proliferación de armas a nivel internacional. Las personas más afectadas por los conflictos y los gastos militares excesivos son las que viven en la pobreza, que se ven privadas de servicios básicos. Es preciso por ello, resolver las repercusiones negativas que tienen para el desarrollo los gastos militares excesivos, el comercio de armas y las inversiones de la industria armamentística.

Para conseguir una paz duradera es imprescindible que impere una educación que promueva una cultura de paz en que se defienda la justicia y la tolerancia para todas las naciones y los pueblos que incluya la resolución de conflictos, la mediación, la eliminación de prejuicios y el respeto por la diversidad. Al encarar los conflictos armados o de otra índole, debería fomentarse un criterio activo y visible de incorporar en todas las políticas y programas la perspectiva de género, de manera que antes de adoptar una decisión se analicen sus posibles efectos sobre las mujeres y los hombres respectivamente.